En el BOE de 22 de febrero de 2019 se ha publicado la Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave (Texto de la Orden PCI/161/2019).

El eje vertebrador de esta Estrategia se basa en la promoción de acciones proactivas y anticipativas de inteligencia estratégica y operacional, y se estructura en torno a diez ejes de actuación, siete troncales y tres transversales, dirigidos a dar una respuesta global a estos fenómenos complejos y con tantas dimensiones y singularidades como son el crimen organizado y la delincuencia grave.

El tercer eje: «Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas», se basa en implementar medidas para minimizar el riesgo asociado a todas las actividades criminales, orientando el mayor esfuerzo hacia aquéllas con especial incidencia en el panorama criminal de España, como son: el tráfico de estupefacientes, los delitos relacionados con la corrupción, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los fraudes a los intereses de la Hacienda Pública, los delitos contra el patrimonio (robos violentos y con fuerza), el tráfico ilícito de armas y los delitos contra el medioambiente.

En concreto, en los delitos relacionados con la corrupción, indica que esta forma de criminalidad, cuando afecta a amplios sectores de actuación o esferas de poder de las administraciones, es una amenaza grave para el Estado de derecho y la Sociedad del Bienestar. Su erradicación es prioritaria ante la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en sus Instituciones y requiere implementar acciones coordinadas que incluyan efectivas medidas de prevención y control.

Estas líneas de acción son las siguientes:

– Mejorar la regulación normativa relativa al acceso a bases de datos financieras por parte de los operadores públicos de seguridad especializados en la lucha contra la corrupción, el blanqueo y demás formas de delincuencia económica, de modo que se incremente su uso en tareas de investigación e inteligencia.

– Reforzar los recursos materiales, especialmente los técnicos, de las unidades dedicadas a la investigación de estos delitos, que posibiliten el refuerzo de las tareas de auxilio a los jueces y fiscales.

– Potenciar el desarrollo de investigaciones patrimoniales sobre personas físicas y jurídicas involucradas en procesos de corrupción, fomentando la colaboración, nacional e internacional, con los órganos específicamente encargados de la localización y la recuperación de activos (en sus respectivos ámbitos competenciales, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia (ORGA) y el CITCO).

– Mejorar el control efectivo de los principales sectores de riesgo que mantienen estrechos contactos con las instituciones públicas, así como con aquellas nuevas formas de corrupción institucional asociadas a sectores tan mediáticos como el del deporte en sus distintas expresiones.

– Potenciar la colaboración y coordinación internacional entre los diferentes actores implicados en la lucha contra esta forma de criminalidad.

– Completar la implementación de las medidas previstas en el Convenio Penal sobre la Corrupción, ratificado por España.

– Promover entre todas las administraciones, organismos y empresas públicas el establecimiento y actualización de códigos deontológicos y nuevas medidas legales para que situaciones como el tráfico de influencias, la prevaricación, el cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc., dejen de producirse en el panorama delictual español.