El tercer encuentro de agencias y oficinas anticorrupción del estado español ha tenido lugar el 28 de junio pasado en la sede de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid. Ha reunido a los máximos responsables de las instituciones autonómicas y locales encargadas de esta materia: Carlos Granados, por parte de la Oficina de Madrid; Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Catalunya; el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares; el director de la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción en las Illes Balears, Jaime Far; la directora de los servicios de Análisis de la Oficina por la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona, Rosa María Sánchez, y Gemma Calvet, directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona. Por motivos de enfermedad no ha podido asistir Beatriz Rodríguez, consejera del Consello de Contas de Galicia.
En la reunión se han puesto en común las experiencias de control de la ejecución de los contratos y el control y justificación de las subvenciones, la necesidad de fortalecer la figura del responsable de los contratos, así como las principales estrategias y experiencias de investigación sobre estos aspectos y las principales recomendaciones más comunes a las administraciones sujetas a su supervisión. Se han estudiado las vías más efectivas para promover la implantación de programas de prevención de la corrupción a través de la licitación y el control de la ejecución de los contratos públicos.
También se ha tratado la problemática de la protección de las personas denunciantes de malas prácticas, y la futura trasposición de la Directiva UE sobre la protección de las personas que denuncien infracciones del Derecho de la Unión. La Agencia Antifraude de Valencia ha expuesto la casuística de los expedientes en los que ha aplicado la figura del estatuto del denunciante y las principales novedades que introduce la Directiva. Entre los acuerdos de la reunión, se ha decidido la creación de un grupo de trabajo para establecer los criterios mínimos para una buena protección de los alertadores de corrupción, dirigidos al legislador estatal.
Asimismo, se han compartido los problemas comunes en el despliegue de las distintas instituciones, y los mecanismos de coordinación con la Fiscalía anticorrupción y con los demás órganos de control.
El próximo encuentro de las oficinas tendrá lugar en Palma durante el mes de noviembre de 2019.
